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El Gobierno busca modificar la ley de coparticipación

Pretenden negociar con los gobernadores un nuevo esquema de reparto de fondos. La discusión se extenderá durante todo 2017.
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El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri, ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tiene como premisa que "ningún protagonista pierda". Ése será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

"Tenemos que tener un acuerdo con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación", dijo Frigerio.

Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

Se propondrá "utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado". Se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%.

Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesiones, entre otros.

El recorrido que tendrá la norma durante el plazo de discusión tendrá varias etapas. En la primera se conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una recopilación y un análisis de los antecedentes, y se pondrá en marcha un foro virtual. Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de propuestas alternativas.

Calificado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como "una deuda de la democracia" -la última fue votada por el Congreso en 1988-, sancionar una nueva ley de coparticipación es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado.

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