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Piden que la Justicia investigue a Saeta por posibles sobrepagos

El informe realizado por la Auditoría General de la Provincia reveló una irregularidad millonaria que favoreció a las empresas privadas y por ello sugirieron que la investigación continúe en la Justicia.
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La Auditoría General de la Provincia hizo público un informe sobre la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA). El trabajo, de 91 páginas, revela una irregularidad millonaria, que perjudicó a la Provincia y benefició a los empresarios. Es de tal magnitud la anomalía, que los auditores sugirieron extender la investigación y que el caso sea evaluado por la Justicia.

Un dato importante: si bien el estudio se centró en el año 2014, las respuestas de las autoridades prueban que los “sobrepagos” fueron sistemáticos, desde la creación de SAETA, hasta la fecha.

El informe es minucioso y extenso. Para dar cuenta de cuál es la irregularidad, primero es necesario explicar que cuando se creó  SAETA,  en el año 2005 (en la gestión del exgobernador justicialista Juan Carlos Romero), el gobierno –a través de SAETA-  obligó contractualmente a remunerar las prestaciones de las empresas subconcesionarias por los kilómetros que represente la ejecución de sus operaciones.

Pero el pago por kilómetro recorrido no fue lo único que se acordó. Además, fueron previstos en los convenios premios por recaudación (urbano e interurbano) por kilómetro, el que tenía por objeto estimular a las empresas prestadoras a adoptar todas las medidas necesarias para incrementar la cantidad de usuarios y cuidar el respectivo cobro de cada viaje; y un premio por modernidad del parque, cuyo fin era incentivar a los empresarios a adquirir unidades nuevas, contribuyendo así a la calidad del servicio (mejores condiciones del viaje y del servicio) y a evitar la contaminación ambiental.

Es de tal magnitud la anomalía, que los auditores sugirieron extender la investigación y que el caso sea evaluado por la Justicia.

En resumen: la principal variable para establecer cuánto debía pagarle el gobierno a las empresas era el de kilómetro recorrido. Pero no la única: las otras variables se modificaban según la calidad de servicio. Y la gran irregularidad que se hace evidente en el informe es que estas otras variables no fueron medidas y se pagaron, siempre, con el valor máximo.

SAETA no solo realizó sobre pagos sino que además perjudicó a los usuarios de colectivos.

Una de las variables en la fórmula para determinar el pago a las empresas es el Índice de Calidad. Para determinarlo, se debía evaluar:

1. Denuncias verificadas referidas al servicio,

2. pasajeros transportados x 100.000 Pax,

3. incumplimiento de frecuencias,

4. cantidad de accidentes de tránsito,

5. vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas de higiene / Vehículos observados por los inspectores,

6. vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas en materia de ruido y humos.

Todos esos factores fueron creados por un motivo, al menos en la teoría: incentivar a las empresas que prestaran un mejor servicio, pues si se esforzaban, cobrarían más. Al dar por sentado que las empresas tenían un desempeño máximo en todo, todo el tiempo, Saeta no solo realizó sobrepagos, sino que además perjudicó a los usuarios de colectivos.

Desde su creación, la relación entre el Estado y las empresas sufrió notorias modificaciones, según el infome.

En detalle, ¿de cuánto dinero se trata?

Observemos algunos datos para que se pueda apreciar mejor la magnitud del dinero en juego.

Según SAETA, durante el año 2014, los colectivos recorrieron 55.286.404 kilómetros. Por los diferentes ítems terminó pagando $13,31 por kilómetro. Es decir que las empresas recibieron del Estado $735.372.329.

Si Saeta sólo hubiera pagado el ítem costo de kilómetro hubiera pagado $ 5,31 / km. ($ 293.634.067); pero también se hizo cargo de los ítems “Combustible no subsidiado” ($ 63.286.161) y el rubro “Dif Salarial + Asig. No Remunerativas”, por el que se terminó pagando $ 378.452.101,20. 

“La situación de incumplimiento normativo por parte de SAETA podría haberse producido en períodos anteriores y posteriores al evaluado, lo que amerita profundizar la investigación al respecto”.

Después de la auditoría

El informe sugiere llevar la investigación a la Justicia. “Atento a la potencial gravedad en términos monetarios (financieros) –probable daño patrimonial al Fisco–, que se deriva del incumplimiento, por parte de SAETA, de las normas contractuales, se advierte la necesidad de profundizar la investigación en tal sentido”, dice uno de los últimos párrafos del informe.

Y añade: “la situación de incumplimiento normativo por parte de SAETA –con el consiguiente efecto financiero potencialmente dañoso– podría haberse producido en períodos anteriores y posteriores al evaluado, lo que amerita profundizar la investigación al respecto”.

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