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Piden que los corruptos no puedan ser candidatos

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Ayer se presentaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados 160.000 firmas recolectadas por un grupo de ciudadanos a través de las redes sociales. Hay varios proyectos en el Congreso que nunca llegaron al recinto.
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Que nadie con una condena por delitos de corrupción pueda ser candidato a un cargo electivo. Esa es la petición que ya reunió más de 160.000 firmas y que un grupo de ciudadanos le entregó esta tarde a una decena de diputados de Cambiemos en el Congreso, para que el Parlamento avance en la discusión de una "Ley de Ficha Limpia" como la que ya existe en Brasil y la que impidió, por ejemplo, ser nuevamente candidato a Lula Da Silva.

En la Cámara baja hay cinco iniciativas sobre el tema, la última de las cuales ingresó en marzo y fue firmada por Elisa Carrió y los diputados de la Coalición Cívica. Pero su debate sigue pendiente, y es difícil que avance en un año electoral. Si bien había habido un dictamen de Comisión de Comisión en 2017, nunca llegó al recinto.

Por eso, la entrega de las firmas recolectadas en los últimos meses en la plataforma Change.org busca aumentar la presión social sobre un tema que se reactivó a partir del anuncio de que el ex ministro Julio De Vido -condenado por la Tragedia de Once y con prisión preventiva por diversas causas-, encabezará la lista de diputados bonaerenses por la agrupación que tiene al periodista Santiago Cúneo como candidato a gobernador de la Provincia.

Tras recibir las firmas en una sala de reuniones del tercer piso del Anexo de la Cámara Baja, los diputados de Cambiemos se comprometieron a empezar a tratarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales después del cierre de listas, el 22 de junio próximo. "Esperamos empezar a debatirlo en la segunda mitad del año, para que nadie piense que está destinado a alguien en particular", sostuvo Pablo Tonelli, el diputado del PRO que preside esa Comisión y que será cabecera en ese debate.

Además de Tonelli, estuvieron presentes los diputados nacionales Marcela Campagnoli, Silvia Lospennato, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Lucas Incicco,  Ezequiel Fernández Laghan, Carla Carrizo y Teresa Villavicencio, estas dos últimas de Evolución Radical, la agrupación de Martín Losteau. Según explicó Tonelli, fueron invitados los 35 integrantes de la Comisión, pero no participaron los integrantes  del Justicialismo, ni del kirchnerismo.

La petición impulsa la discusión de una ley que prohíba presentarse a cargos electivos  a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia por un Tribunal superior. Busca así impedir que la persona pueda ser electa si la condena queda en suspenso por la existencia de un recurso procesal o nueva instancia de revisión judicial, dada la cantidad de recursos que permite el Código y los largos plazos de la Justicia argentina hasta que una sentencia queda firme en última instancia.

La entrega fue organizada por Gastón Ignacio Marra, un licenciado en Sistemas de la UBA que fue el promotor de la petición a través de las redes sociales. Participaron los abogados Alejandro Fargosi, Ricardo Monner Sans,  Alejandro Drucaroff y María Cristina Girotti; la periodista Fanny Mandelbaum; y Carlos March, entre otros. También estuvo el director de Change.org, Gastón Wright.

"El espíritu de la petición es impulsar el debate de los proyectos de ley que ya están en la Cámara para consensuar una iniciativa que finalmente se apruebe", explicó Marra.

Según le contó a Infobae, el disparador fue lo que pasó con el ex presidente Carlos Menem, a quien la Corte Suprema habilitó a ser nuevamente candidato a senador en 2017, pese a que había sido condenado por la Cámara de Casación después de haber sido absuelto en el juicio oral. El Máximo Tribunal sostuvo en ese momento que podía presentarse porque no había tenido lo que se llama el "doble conforme", la obligación de que un segundo tribunal revise y respalde el veredicto anterior.

Por su parte, en diálogo con Infobae, Campagnoli destacó que la presentación es "una conquista ciudadana" y  que"es muy importante que la sociedad se haga oír para que los legisladores se hagan eco del reclamo social". Y recordó que en Brasil  2.045 candidatos se bajaron aún antes de que fuera sancionada la Ley de Ficha Limpia "por la presión social".

El ejemplo de Brasil

La petición se basa justamente en esa norma sancionada en el vecino país en 2010 y que establece que quienes fueron condenados por un tribunal colegiado (de más de un juez) no puedan ser candidatos a cargos electivos. Esta norma, aprobada durante el gobierno de Ignacio Lula Da Silva, fue la que le impidió ser candidato a presidente por tercera vez.

De hecho, Marra decidió impulsar la petición después de haber sido testigo, estando de vacaciones en Brasil el año pasado, del debate sobre la imposibilidad del líder del Partido de los Trabajadores de ser nuevamente candidato a la Presidencia, después de haber sido condenado por corrupción.

La ley 135 brasileña de Ficha Limpia fue sancionada a partir de una iniciativa popular que se presentó con el apoyo de más de 1.600.000 firmas. Contempla que la prohibición del derecho político a ser votado se extienda por ochos años, una vez cumplida la condena, el equivalente a dos mandatos presidenciales. Esta misma exclusión temporal es promovida por los firmantes de la petición en Argentina y recogida, por ejemplo, en el último proyecto presentado por Elisa Carrió en marzo último.

El impulsor de la iniciativa popular en el vecino país fue el abogado y ex juez brasileño Márlon Reis, de la organización civil Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, quien fue invitado a hablar en la presentación de la petición en Argentina en noviembre del año pasado, en un acto que se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA.

Los proyectos presentados

El dictamen de mayoría aprobado en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en 2017 no llegó a ser tratado en el recinto y  perdió estado parlamentario por el recambio legislativo. Se basó en un texto unificado en base a media docena de proyectos en discusión, entre ellos el de Lospennato, el de Brenda Austin (UCR-Córdoba), el de Carrió y Fernando Sánchez, el de Carrizo, y el de Paula Urroz (PRO) y Héctor Olivares (UCR).

Contemplaba la prohibición de ser candidatos a cargos electivos para todos aquellos que tuviera una sentencia condenatoria "en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente", por delitos de corrupción. Fue firmado por diputados de todos los sectores, menos del kirchnerismo que argumentaron que violaba el principio de inocencia.

Los distintos proyectos presentado o reingresados a la Cámara el año pasado presentan diferenciaste matices, que se centran en dos aspectos: a partir de qué instancia del proceso penal se determina la ilegibilidad, y a qué delitos alcanza. O sea: si es suficiente con una condena en un juicio oral en primera instancia, o si es necesaria la confirmación de un Tribuna Superior, como sería la Cámara de Casación Penal. El otro punto es si la ilegibilidad se aplica a condenas por delitos de corrupción, o también se amplía a delitos dolosos graves.

"La idea es lograr un consenso entre todos los que se presentaron para lograr uno superador", sostuvieron tanto desde la Coalición Cívica como desde el PRO y la UCR, ante la consulta de Infobae.

El proyecto de Carrió y el resto de los diputados de la Coalición Cívica  prevé que no podrán ser candidatos o precandidatos para las primarias "las personas condenadas en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho años después del cumplimiento de la pena". Extiende la inelegibilidad, no solo a los delitos de corrupción, sino también a los delitos contra el orden económico y financiero, el lavado de activos, el tráfico de estupefacciones, los delitos contra el orden y la seguridad públicos, y contra la integridad sexual.

Para Carrió, "resulta totalmente inadmisible que una persona condenada mediante una sentencia dictada con el debido proceso y con la amplitud de las garantías previstas para un juicio oral y público, pueda utilizar los fueros pertenecientes a la Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, con el único y exclusivo objetivo de lograr impunidad o impedir el cumplimiento efectivo de la pena".

El proyecto de su colega de bancada Campagoli propone que para ser precandidato o candidato, o autoridad partidaria se exija "no poseer sentencia penal condenatoria en segunda instancia" y abarca todos los delitos dolosos, no solo los que refieren a delitos de corrupción o contra el Estado.

Presentado en septiembre del año pasado, junto con la diputada de la CC Lucila Lehmann y legisladores del PRO, además del antecedentes de Brasil, cita los casos de Colombia y Perú. En Colombia, "quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, no pueden postularse como legisladores". Y en Perú, "el Congreso aprobó un proyecto de ley que impide que condenados por delitos de corrupción, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual puedan ser candidatos a cargos públicos de elección popular, desde alcaldías hasta la Presidencia del país".

El que volvió a presentar Lospenatto el año pasado también contempla que haya una sentencia firme en segunda instancia -a diferencia del dictamen aprobado en 2017-, aunque lo circunscribe a los delitos por corrupción.

Lospenatto sostuvo ante Infobae que "el principio de inocencia, el argumento preferido de quienes exigen sentencia firme e irrevisable como gatillo de inelegibilidad, es una garantía del derecho penal, no del derecho electoral". La diputada del PRO también cuestionó al kirchnerismo que no acompañó el dictamen del 2017 siendo que "ellos modificaron la ley de partidos políticos para impedir que los procesados por delitos de lesa humanidad no puedan ser candidatos".

La diputada radical por Córdoba Brenda Austin también volvió a presentar su proyecto original de Ficha Limpia del 2017, donde propone la imposibilidad de ser candidato con condena en primera instancia por delitos de corrupción "hasta la revocación definitiva de la sentencia".

Para Austin, del texto de la Constitución Nacional surge que "sin perjuicio del principio constitucional de presunción de inocencia, el desempeño de determinadas funciones parece incluir en el recaudo de idoneidad el no tener pendiente una causa penal".


Fuente de la Información: Infobae

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