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Nuevas acciones judiciales contra el acuerdo por la deuda del Correo

Un fiscal afirmó que realizó una denuncia penal por "por posible tráfico de influencias" .La diputada Victoria Donda presentó un recurso de amparo para frenar la transacción.
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El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó ayer una denuncia penal "por posible tráfico de influencias" a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A., que pertenecía a la familia Macri.
"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.


En declaraciones radiales explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal", en relación al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, por considerarlo "abusivo".


"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó este lunes.


El acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo despertó fuertes críticas de todos los sectores de la oposición y de sectores del propio oficialismo, luego de que se conociera el convenio por la deuda a partir del dictamen contrario de la fiscal Boquin.


Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

RECURSO DE AMPARO
La diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, presentó un amparo ante la Justicia para frenar la transacción.
La legisladora pidió que la Justicia le ordene al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, encabezado por Oscar Aguad, "la suspensión de las actuaciones" relacionadas al convenio entre el Gobierno y la empresa que era propiedad de Franco Macri.


En su presentación, Donda reclamó que se frene el acuerdo "hasta tanto se expidan" la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción (OA) al respecto.
El amparo solicita "que se ordene al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, al ministro de Comunicación Oscar Aguad y al director general de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, que soliciten la suspensión de las actuaciones en la causa judicial "Correo Argentino S.A. s/ concurso preventivo''".


El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, justificó la actuación del kirchnerismo en torno a la reestatización del Correo Argentino, en medio de la polémica por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa, perteneciente a la familia Macri, para el pago de una deuda millonaria.
A través de una serie de tuits, el actual diputado nacional explicó que durante la gestión del Frente para la Victoria no se llegó a un acuerdo por la deuda que tenía el Correo mediante la firma SOCMA porque "el Grupo Macri presentó ofertas de pago del mismo tenor abusivo que la acordada con el gobierno de Macri".


El acuerdo ahora cuestionado permite al Estado cobrar una deuda de casi 300 millones de pesos, pero según la fiscal general Andrea Boquín, la deuda al día de hoy equivale en realidad a más de 4.000 millones.
"Terminaríamos pagándole la deuda (al grupo SOCMA) entre todos y encima les queda una diferencia, como advirtió la fiscal que puede ocurrir con lo acordado", reprochó.


Al explicar la decisión de reestatizar la compañía, el exministro sostuvo: "Tuvimos que recuperar rápidamente los activos de la concesión del Correo porque estaban en peligro de destrucción total".
"Actuamos con la misma responsabilidad que en otros casos como Suez (Aguas Argentinas), Marsans (Aerolíneas Argentinas), Repsol (YPF) y todas las que recuperamos para el Estado nacional", enfatizó.

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