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Las rutas en Salta se cobraron 212 vidas en 2016

Está dentro del promedio estimado por las autoridades salteñas. Luchemos por la Vida muestra una tendencia mucho más pesimista.
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Salta no logra reducir el número de muertos en ACCIDENTES DE TRÁNSITO. En 2016 fueron 212 las víctimas estimadas oficialmente, lo que significó una disminución con respecto a 2015, que había cerrado en 264, aunque con el trágico plus del accidente que en diciembre de ese año había costado la vida de 43 gendarmes en la ruta 34, en Balboa. El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Manuel Arzeno, sostuvo que "anualmente manejamos un promedio de 200 personas muertas en siniestros".


Hace un año el funcionario había sentenciado que "los salteños no sabemos manejar". En aquel entonces Arzeno evaluaba que "pasaron varios eventos que fueron históricos por la cantidad de víctimas" e invitaba a "reflexionar y a reinventar todo lo que tiene que ver en materia de seguridad vial".
Más pesimista, la Asociación Luchemos por la Vida estimó que en 2016 murieron 304 personas en Salta, debido a que la entidad realiza una proyección que incluye a los heridos que mueren en los meses siguientes al accidente. Así, muestra una curva ascendente de víctimas en el país y también en Salta donde, en 1996, los accidentes causaron 136 víctimas fatales y en 2006, 159 muertos, siempre según esa proyección.


Más allá de cualquier polémica, las mismas estadísticas señalan que ESPAÑA bajó la mortandad vial de 9.032 víctimas en 1990 a solo 1.680 en 2014
En el mismo período, las rutas argentinas pasaron de 7.075 víctimas en 1990 a 7.613 hace dos años. Ayer, Arzeno dijo que enero cerró con 17 víctimas (en febrero ya se sumaron otras tres), cifra que consideró "dentro de los parámetros". El funcionario consignó que los 17 muertos en el tránsito de enero están en línea con los 18 de 2016 y los 16 de 2015. Las tragedias viales son síntoma de subdesarrollo. Fallan los conductores, la habilitación de vehículos, los controles de tránsito y, en todo Latinoamérica, un sistema de sanciones que no está pensado para evitar accidentes sino para financiar a los municipios.

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