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No se sabe quiénes tendrán la palabra en la audiencia pública por la educación religiosa

Locales 07/08/2017
Unas cien personas manifestaron su interés de opinar sobre la discusión que abrieron salteños que piden enseñanza laica.Tras la reunión convocada para el 16 de agosto en la Corte Suprema puede definirse la causa que se inició hace siete años. #Salta #EducaciónReligiosa #CorteSuprema #Reunión #Convocatoria #AudienciaPública

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A nueve días de la audiencia pública sobre la educación religiosa en Salta que se hará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires, en la provincia se espera información sobre cómo se desarrollará el debate. Más de 100 personas o instituciones se anotaron para ser parte de la discusión sobre la continuidad de este tipo de enseñanza en las aulas estatales, pero hasta ahora no se sabe cuántos podrán exponer. La polémica lleva siete años abierta y el máximo tribunal del país tiene que decidir si la escuela debe ser laica luego de escuchar todas las posturas.

Fuentes relacionadas con la causa adelantaron que esta semana se convocará a las partes involucradas en el caso a una reunión en Buenos Aires, con fecha a confirmar, para definir la modalidad que se implementará el 16 de agosto.

Entre los que se habían presentado como "amigos del tribunal", requisito necesario para participar de la audiencia, circulaban diferentes versiones. A algunos les habían dicho extraoficialmente que solo tomarían la palabra los demandantes que piden suspender la educación católica, el Gobierno de la Provincia y dos oradores más. A otros les había llegado la versión de que la audiencia se desdoblaría, al menos, en tres jornadas para que pudieran expresarse todos.

Gabriela Gaspar, abogada que representa a los padres denunciantes, dijo que espera precisiones sobre cómo podrá presentar sus argumentos la semana que viene en Buenos Aires.

El caso se inició en 2010, cuando un grupo de familias de Salta en conjunto con ADC (Asociación por los Derechos Civiles) presentó un recurso de amparo colectivo para que la religión deje de ser una materia en las primarias públicas de la provincia.

Los padres plantean que este tipo de enseñanza genera discriminación en la escuela. Si bien los chicos de hogares no creyentes pueden optar por no estar en la clase, se manifiesta que el hecho de que permanezcan afuera del aula durante esa hora provoca divisiones y deja expuesto que no comparten la creencia de sus compañeros.

Además, los demandantes plantean que no se incluyen contenidos universales sino que la materia se centra, básicamente, en los conceptos del catolicismo.

En 2012, un fallo del juez Marcelo Domínguez consideró que debía continuar la educación confesional, aunque ordenó incluir la perspectiva de todos los cultos en los programas y prohibió imponer la obligación de rezar en horario escolar.

Esta sentencia se apeló y la causa llegó a la Corte de Justicia de Salta, que en julio de 2013 dictaminó que es constitucional que se imparta educación religiosa en las escuelas estatales, aunque dispuso que la Provincia implemente actividades alternativas para los chicos que no quieren participar. Los jueces también determinaron que solo se podía hacer oraciones o prácticas católicas durante la clase de catequesis.

Los demandantes volvieron a apelar la resolución y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la religión como parte de la enseñanza.

El 26 de mayo, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti convocó a una audiencia pública para que dieran su opinión todos los interesados. Los que quisieran sumarse debían presentarse hasta el 31 de julio como amigos del tribunal, una figura que permite aportar información a la Justicia cuando debe resolver temas socialmente relevantes.

Posturas encontradas

En la cuenta regresiva hacia la audiencia del 16 de agosto en la Corte Suprema, distintos sectores renuevan sus argumentos a favor o en contra de la educación religiosa en Salta y crece la expectativa. 

 “Nuestra postura sigue siendo la de solicitar que se quite el carácter de obligatorio de esta enseñanza. La educación tiene que ser laica. Vamos a seguir poniendo en evidencia que se generan actos discriminatorios. Que haya una mayoría no significa que no haya discriminación hacia una minoría”, le dijo Gabriela Gaspar, que además de abogada de los demandantes es referente en Salta de Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y trabaja en el Área de la Mujer de la Municipalidad.
“No puede haber discriminación desde el momento en que esta es una educación que se brinda de manera optativa según los deseos de cada familia. En una sociedad plural, está claro que no todos pensamos de la misma manera. Creo que la mayor parte de la sociedad quiere recibir educación religiosa en la escuela pública”, opinó por su parte Ricardo Gómez Diez, constitucionalista y exvicegobernador de Salta que se presentó como amigo del tribunal en la causa.
Gabriela Gaspar destacó que los hijos de los salteños que iniciaron el amparo contra la Provincia ya están en la secundaria, etapa en la que no se enseña religión, o en la universidad. Sin embargo, destacó que esto no implica que la causa se torne abstracta porque es una acción colectiva en representación de todos los niños y niñas que van a escuelas públicas.
“No se les da una clase optativa a los chicos no creyentes. Se sigue rezando al inicio de clases. Eso es discriminatorio y conminatorio porque obliga a los chicos a realizar algo que quizás no va con sus creencias. Hay carteleras relacionadas con actividades católicas en las aulas. Todo eso forma parte de lo que denominamos una currícula oculta”, dijo la abogada.
Gaspar también destacó que, en algunos casos, los hijos de padres no creyentes fueron catalogados como “chicos problema” por los docentes y derivados a gabinetes psicológicos tras plantear que no querían enseñanza confesional. “Ninguna de esas prácticas cambió en todos estos años”, afirmó.
Gómez Diez destacó que la Constitución de Salta establece en el articulo 49 que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación religiosa en el sistema estatal de acuerdo a sus creencias.
“Es una decisión de la familia. Es optativo y tiene que estar disponible otro tipo de formación o clase de apoyo para las familias que hayan decidido no recibir educación religiosa”, señaló.
El abogado también indicó que “más de la mitad de los países adheridos a la Unesco” tienen este tipo de formación y que cada nación aplica la política que se adapte a su idiosincrasia.
Gómez Diez dijo que la decisión le corresponde al Gobierno de Salta. “El artículo 5 de la constitución establece que la educación primaria es competencia de las provincias. De manera tal que son las provincias las que resuelven al respecto, en ejercicio del federalismo”, indicó.
Con la convocatoria a una discusión abierta sobre el tema, desde las dos partes especulan con que no debería pasar mucho tiempo más para conocer la decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Pese a que los resultados no serán vinculantes, la atención ahora se centra en el debate del 16 de agosto. 

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